La abogada defensora de Héctor Llaitul, Josefa Ainardi, confirmó que presentará un recurso de nulidad para revertir la pena de 23 años de cárcel determinada contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), luego de que la Justicia lo declarara culpable de diversos delitos en la Macrozona Sur.
Además de establecer el pago de una serie de multas, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Llaitul a 15 años de presidio efectivo por el delito consumado y reiterado contra el orden público, bajo la Ley de Seguridad del Estado, a otros cinco años de reclusión como autor del delito consumado de hurto, y a tres años más como autor del delito consumado de atentado en contra de la autoridad.
Horas después de que se dictara sentencia, la abogada planteó que "nos llama la atención que el grueso de esta condena de prisión efectiva, 15 de 23 años, refieren a ilícitos que están contenidos en la Ley de Seguridad Interior del Estado", por cuanto "es una ley de persecución política".
Ainardi apuntó que los delitos consignados en esa norma que son parte del fallo "fueron creados en 1975, en plena dictadura militar", y que desde el retorno a la democracia, "no ha habido ninguna persona en nuestro país que ha sido condenada por estos delitos, justamente porque son cuestionados tanto a nivel internacional como a nivel doctrinario y jurisprudencial, respecto del carácter restrictivo de garantías como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y también, en el particular, el derecho a ejercer la libre autonomía y autodeterminación de miembros integrantes de pueblos indígenas".
"Creemos que hay un error en la interpretación que hace esta sentencia y el tribunal en general, con desconocimiento de normas internacionales sobre derechos humanos tan importantes como el Convenio 169 de la OIT, y otros como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto San José de Costa Rica, entre otros", añadió.
En ese sentido, "lo que nos toca como defensa es intentar anular la condena a través de un recurso de nulidad que presentaremos en los próximos días, y tampoco descartamos la interposición de denuncias o recursos en sede internacional, puesto que creemos que allí ha habido una mejor recepción de este debate en cuanto al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de garantías fundamentales (...), cuestión que creemos que en este Estado chileno -que a juicio de nosotros refiere evidentemente un carácter racista y colonialista- no ha tenido asidero".
Al cierre, la jurista insistió en que la sentencia es el resultado de una "persecución política en base a dichos de un vocero histórico de la CAM, que refiere a una postura de resistencia y también de reivindicación de derechos políticos, territoriales, culturales y espirituales del pueblo mapuche".
LAS PRUEBAS "NO DEJAN DUDAS", AFIRMA FISCAL
Por su parte, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien más temprano se declaró conforme con la sentencia, defendió que fue producto de "una investigación muy extensa que implicó una gran cantidad de tiempo y esfuerzo".
"No solo se reunieron testimonios, sino que también pericias que permitieron situar al imputado en el sitio del suceso, análisis de los tráficos telefónicos, análisis de la información extraída de su teléfono celular, fotografías que lo sitúan directamente en la comisión de acciones de sustracción de madera o en la adquisición de armas y de municiones", detalló.
"Hay un cúmulo antecedentes y una prueba muy contundente, cuando se dio a conocer el veredicto así se explicó, es decir, la prueba que se aportó excluye cualquier tipo de duda respecto a la participación", enfatizó.
VÍCTIMAS: "LA CAM NO ES PARTE DE LA CAUSA MAPUCHE"
Entre quienes celebran lo resuelto por la Justicia está Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, quien salió a reconocer "el gran trabajo que realizó la Fiscalía para permitir, con su investigación, la sentencia condenatoria contra Héctor Llaitul".
Apraiz subrayó que el condenado es "líder de una organización criminal y delictiva que tanto daño psicológico y patrimonial ha causado en la Macrozona Sur; una organización de carácter terrorista, también vinculada al robo de madera y al tráfico de drogas y armamento".
"Por ello, no nos queda más que felicitar el trabajo prolijo y planificado llevado a cabo por la Fiscalía (...), se ha demostrado que esta asociación ilícita no es parte del movimiento mapuche, y sólo utiliza su causa para fines personales y delictuales", remató el dirigente.
Dicho esto, llamó a continuar investigando a todas las agrupaciones que se adjudican ataques incendiarios en La Araucanía.
En tanto, René Muñoz, presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, dijo que "es una muy buena noticia la condena a 23 años de cárcel al señor Llaitul: la justicia llegó para todos aquellos que han sufrido ataques, muertes, destrucción".
"Esperamos que la Fiscalía siga haciendo su trabajo, porque queda también por delante un largo camino de atentados, de destrucción, y es necesario buscar a los culpables", señaló Muñoz.
